- ONG´s y fundaciones de Yucatán aseguran que no son fantasmas ni corruptas como dice AMLO
- Subrayan la importancia de las asociaciones. “El gobierno no lo puede hacer todo”, advierten.
Representantes de agrupaciones altruistas y de asistencia sin fines de lucro yucatecas, de las que se calcula operan más de 450 en el estado, reprobaron los criterios y decisiones del gobierno federal de desaparecer los apoyos a fundaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
Pese a las acusaciones de corrupción en contra de las asociaciones y fideicomisos en general hechas por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, los entrevistados afirmaron que es injusto generalizar y que por culpa de algunos “todos tengan que pagar los platos rotos”.
Expusieron que las asociaciones cuentan con sistemas de control y vigilancia del ejercicio del gasto de fondos de origen gubernamental, por lo que antes de desaparecer las fundaciones y suspender los apoyos, el gobierno federal debió revisar cuáles se encuentran en opacidad o vinculado a la corrupción.
Las reacciones de las ONG´s yucatecas se dieron en el contexto de la decisión de la mayoría del Senado de la República, conformada por legisladores de Morena, de desaparecer 109 fideicomisos, lo que representará para la Federación un ahorro superior a los 68 mil millones de pesos.
Esta decisión de eliminar el gasto a las OSC no es reciente, ya que desde principios de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que durante su gobierno no se entregarán recursos a organizaciones o asociaciones de la sociedad civil, ni a fundaciones con el fin de que no haya intermediarios que manejen los recursos públicos.
“Se fue creando toda una estructura intermedia en donde los recursos se malempleaban por decir lo mínimo, y se usaba de bandera, de excusa la necesidad de la gente. Entonces, eso debe de terminar, eso es corrupción”, dijo el mandatario, promotor de esta medida que en principio afectó el Programa de Estancias Infantiles, lo que suscitó reacciones y amparos en todo el país."
Sergio Pech, presidente de la Fundación UADY; Esperanza Bernés Rivera, tesorera del Patronato Casa Hogar para el Desamparado; Susana González, tesorera de la Fundación Tócate y la señora Nelly Cantón Méndez, presidenta del Club Especial de Ayelem, cuatro de las asociaciones muy activas y de ayuda a comunidades y grupos de población vulnerables, criticaron la medida federal de suspender los apoyos.
La representante de la Fundación Tócate calificó como “irresponsable” la determinación gubernamental de suspender los apoyos y afirmó que no es posible tildas como corruptas a las asociaciones que cumplen una función social importante, además de que están sujetas a mecanismos de control y transparencia muy estrictos.
Indicó que las restricciones afectaron la labor de la fundación, ya que antes era posible atender en una jornada de detección hasta a 400 mujeres, pero hoy son varias decenas, labor que se realiza con aportaciones de empresas privadas y donativos de particulares.
Explicó que las asociaciones como es el caso de la que representa operan bajo criterios de transparencia y bajo control de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán que vigila las operaciones y requiere de manera puntual los informes de gastos y actividades.
“No somos una organización fantasma,” recalcó la responsable de las finanzas de la organización, la cual, dijo, desde el año pasado ya no recibe recursos federales de apoyo, lo que ha implicado reducir la cobertura orientación y tareas labores de contacto con mujeres de las comisarías de Mérida y de las comunidades rurales del estado.
Para Nelly Cantón, que encabeza una asociación de apoyo a personas con deficiencia mental y Síndrome de Down, expuso que el gobierno no lo puede hacer todo, que requiere de la labor de las asociaciones que son fundamentales para atender a sectores vulnerables de la sociedad.
Lamentó la suspensión de subsidios, en particular a la organización que encabeza, ya que antes contaba con becas de apoyo y de transporte con recursos federales para sus beneficiarios, los cuales disponen de respaldo del gobierno del estado y del Ayuntamiento de Mérida.
Para Sergio Pech, la decisión presidencial de recortar subsidios fue “de golpe”, “muy radical” pese a la labor de ayuda y apoyo que realizan las OSC, las cuales, dijo, deberán buscar otras fuentes de financiamiento, tal como sucede con la Fundación UADY que cuenta, incluso, con apoyo de organismos internacionales.
Según un informe de la Comisión de Fomento de las Actividades de las OSC - conformada por un representante de las secretarías de Bienestar, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, y Relaciones Exteriores—, el gobierno federal destinó 6 mil 200 millones de pesos a dichas organizaciones en 2018.
El Informe Anual de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a favor de OSC detalla que 2 mil 656 asociaciones recibieron financiamiento de parte de 18 dependencias mediante convenios y acciones de fomento económico.
Sin embargo, según el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil en el país, hay 22 mil 508 asociaciones que cumplen con los requisitos para acceder al dinero del erario público tanto federal como estatal.
La Ciudad de México es la entidad con más ONG, 4 mil 780; Estado de México, 2 mil 18; Oaxaca, mil 663; Veracruz, mil 387; Chiapas, mil 55; Puebla, 900; Michoacán, 846; Jalisco, 79; Baja California, 733, y Durango, 662.
Otros estados como Chihuahua cuenta con 589, Guanajuato 580, Morelos 564, Guerrero 528, Hidalgo 510, Yucatán 459, Coahuila 395, Nuevo León 385, Sinaloa 357 y Sonora 47.
Los entrevistados reconocieron la posibilidad de que existan asociaciones que no cumplan con sus fines y que hayan caído en actos de corrupción, pero rechazaron se etiquete a todas las organizaciones y fundaciones que sí prestar servicios muy importantes sectores de la sociedad en situación de indefensión o vulnerabilidad.
Además de descalificar dichas medidas, los directivos consultados indicaron que enfrentan las restricciones a la movilidad provocadas por la pandemia al Covid-19 y otras dos amenazas: los ajustes al pago del Impuesto Sobre la Renta y la eliminación de donativos deducibles de impuestos a partir de 2021, de acuerdo con lo anunciado por las autoridades hacendarias.
A lo anterior, coincidieron, hay que agregar la difícil situación que se cierne en materia de recorte presupuestal de 1,800 millones de pesos anunciado para el año próximo por el gobierno del estado, además de las ya mermadas participaciones a los municipios.
Esta disminución de recursos podría afectar los subsidios y apoyos que los gobiernos estatal y municipal brindan a las asociaciones de ayuda para que sigan operando en beneficio de la sociedad yucateca, reconocieron.